Comunicar desde los poderes judiciales

Responder a estas preguntas no solo ayudará a guiar el diseño de una política comunicacional efectiva y eficiente, sino que también revela los desafíos y responsabilidades que tienen los tribunales a la hora de interactuar con la ciudadanía.

¿Cuál es el sentido?

El Poder Judicial es, en esencia, el guardián de los derechos y las libertades fundamentales. Sin embargo, históricamente fue percibido como un espacio inaccesible, en gran medida debido a su lenguaje técnico, a sus procesos complejos y a la falta de canales de comunicación efectivos y directos con la sociedad. En este contexto, comunicar no debe ser un mero acto burocrático ni personalista, sino una herramienta de acercamiento a los ciudadanos.

El objetivo de esta comunicación radica en transmitir información clara, precisa y pertinente que permita comprender y darle sentido a las decisiones judiciales y a los procesos legales. Al hacerlo, se refuerza la confianza en el sistema de justicia, un pilar esencial para el correcto funcionamiento de la democracia.

La falta de comprensión sobre cómo opera el sistema judicial puede generar desconfianza, frustración y hasta indiferencia hacia sus resoluciones. Por lo tanto, el objetivo final no es solo informar, sino también educar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones. El Poder Judicial debe entender que su comunicación tiene un rol pedagógico: no basta con dictar sentencias, es necesario explicar por qué esas decisiones son tomadas y cómo impactan a la sociedad. Y al mismo tiempo brindar información de calidad y de utilidad, no solamente dar cuenta de meros actos de gobierno.

¿Para quién comunico?

Una de las principales interrogantes a resolver es identificar claramente al destinatario de la comunicación judicial. Tradicionalmente, estaban dirigidas a abogados y a las partes involucradas. En la actualidad, el destinatario se amplió y diversificó.

Cada uno de estos públicos tiene diferentes niveles de comprensión del lenguaje jurídico, así como diferentes necesidades de recibir una información determinada. Para comunicar de manera eficaz, es crucial segmentar los mensajes y adecuar el lenguaje a cada audiencia. No se puede pretender que un ciudadano común comprenda con facilidad un fallo extenso repleto de tecnicismos legales. Aquí es donde la labor de simplificación y contextualización de la información se vuelve imprescindible.

Un Poder Judicial que no se preocupa por ser comprensible y empático con las demandas de la ciudadanía está destinado a ser ignorado o malinterpretado.

¿Para qué lo necesita?

Finalmente, una pregunta clave es: ¿Para qué necesita la sociedad esta información? La respuesta puede variar, pero generalmente gira en torno a la necesidad de evidenciar los resultados. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se toman decisiones que afectan su vida cotidiana. Esta transparencia no solo contribuye a mejorar la percepción de la justicia, sino que también fortalece su rol social de pacificación.

Además, una comunicación clara y eficiente es fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Las personas necesitan saber qué decisiones se tomaron y cómo actuar en consecuencia: ¿Qué recursos tienen disponibles? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué derechos y obligaciones les corresponden? Cuando esta información es accesible, se fomenta una ciudadanía consciente de sus derechos, lo que, a largo plazo, contribuye a un sistema judicial más equitativo y eficiente.

Información efectiva y eficiente

Comunicar desde los poderes judiciales es una responsabilidad que va más allá de la simple transmisión de información. Implica un compromiso con la transparencia, la educación cívica y el fortalecimiento de la confianza pública. Al preguntarnos por el sentido de esta comunicación, el destinatario y sus necesidades, los tribunales pueden construir puentes más sólidos con la sociedad a la que sirven. En última instancia, una justicia que se comunica de manera efectiva y eficiente es una justicia que se hace más cercana y comprensible para todos.