La responsabilidad de los organismos judiciales no culmina con investigar y dictar sentencia, sino que se extiende a la forma en que comunican sus acciones a la sociedad. Cada resolución y declaración pública constituye un acto de profundo impacto social, ya que la comunicación judicial es percibida como la narrativa oficial y la interpretación definitiva del Estado sobre los hechos. Este rol pedagógico tiene la capacidad de reforzar las estructuras culturales que sostienen la violencia o, por el contrario, contribuir activamente a su desmantelamiento.
Siguiendo la lógica de la antropóloga Rita Segato, quien postula que “la violencia se aprende y se programa”, la comunicación de las instituciones de justicia se convierte en una herramienta de primer orden. Esta puede replicar discursos que normalizan la agresión o erigirse como una “contra-pedagogía” que restituya la empatía y afirme la dignidad de las víctimas. Para ello, es vital partir de un diagnóstico sobre las causas profundas de la violencia, entendiendo que la violencia de género no es un conjunto de actos aislados, sino que responde a una lógica cultural.
Segato plantea el concepto de “pedagogías de la crueldad”, un conjunto de prácticas y discursos que habitúan a la sociedad a “transmutar lo vivo en cosas”. Este entrenamiento sistemático disminuye la empatía y acostumbra a la cosificación de personas, tratándolas como objetos desechables que pueden ser consumidos o explotados. En el contexto de la violencia de género, esta cosificación permite que el cuerpo de la mujer sea tratado como un territorio donde se escribe un mensaje o se escenifica un acto de poder.
Si no se combate activamente, la repetición constante de femicidios puede generar una “desensibilización” institucional. Este acostumbramiento se filtra en la narrativa de los expedientes y en la comunicación pública, minimizando el contexto estructural y presentando la violencia como un suceso más de la crónica judicial. Por ello, es fundamental desentrañar la lógica específica que opera detrás del femicidio para nombrarla correctamente.
Bajo esta perspectiva, la agresión sexual y el femicidio son actos más “expresivos que instrumentales”, destinados a comunicar un mensaje de poder en dos ejes:
· Eje horizontal: El interlocutor principal del agresor son sus pares masculinos, la “hermandad masculina”, ante quienes el acto funciona como una prueba de potencia y lealtad al pacto corporativo.
· Eje vertical: La relación visible con la víctima, donde su cuerpo es utilizado como una “pizarra” para inscribir el mensaje dirigido a otros hombres.
Esta comprensión sociológica está codificada en la ley argentina, que exige interpretar el acto como la culminación de una relación de poder estructuralmente desigual. Si el femicidio es un mensaje de poder, la comunicación judicial debe ser un contramensaje potente que afirme que dicho poder es ilegítimo y que el Estado sancionará estos actos con toda la fuerza de la ley.
Artículo publicado en Comercio y Justicia
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